Sibila Camps “No es una periodista objetiva sino parcial, y responde a la posición de Susana Trimarco”, dijo el Juez Herrera Molina

Al ser consultado sobre  “La red, la trama oculta del caso Marita Verón”,  libro de Sibila Camps (ex periodista del diario Clarín), que este jueves será presentado en Tucumán, el Juez Emilio Herrera Molina, dijo que esta publicación “No refuta ninguna de las afirmaciones y dudas expresadas por el Tribunal a fin de fundamentar la sentencia absolutoria” por lo que no le parece “un libro que aporte algo más a esta historia”. Para el magistrado que integró la Sala II en lo Criminal Oral de Tucumán, junto a sus pares Eduardo Romero Lascano y  Alberto Pedrabuena, en la publicación de Camps “Hay una omisión que no puede ser por negligencia, sino que aparece como intencional”, señalando como ejemplo que en el libro la periodista “Se refiere a las últimas páginas de la sentencia que contiene las conclusiones sobre las pruebas, o de la inexistencia de las mismas. Es así que nosotros –los jueces- señalamos las deficiencias de la instrucción; en particular que tardaron 20 días en visitar la casa de la familia Veron-Trimarco, cuando se debió haber allanado –el domicilio- en forma inmediata, para alejar la sospecha de que hayan sacado alguna cosa o documento de la habitación de Marita (–como- libreta de anotaciones, agenda –teniendo- en cuenta que en esa época no había celulares)”. Para el magistrado, “En el libro de Camps, se resume esa deficiencia señalada por el tribunal, pretendiendo subsanarla por “la visita social que el comisario –Jorge- Tobar realiza a la familia Veron-Trimarco (-en donde- no hubo actas oficiales de la misma), realizada 20 días después de la desaparición de Marita Veron”. El juez que por razones de salud está próximo a jubilarse,  señaló en este punto que “Si recuerdo, que el señor Tobar comentó que la habitación de Marita estaba en orden, y nada anormal se notaba”. Otra de las falacias que demuestra el libro, según remarca el Juez, está en “La reticencia de la señora –Susana-Trimarco (marcada en la sentencia) de suministrar a la fiscalía y al propio tribunal la lista de invitados a su casa para festejar, dos días antes de la desaparición, los 25 años de casados de su matrimonio. En la sentencia se destaca este defecto, que no fue vertido ni por defensores ni fiscal, razón por la cual el tribunal ante la respuesta “enigmática” de Susana Trimarco de que solamente concurrieron amigos y parientes sin detallar más, prefirió no seguir ahondando en el tema a fin de evitar la ruptura del equilibrio de las partes del juicio, rol que la periodista cumplió en la etapa del juicio”. El miembro del tribunal, manifestó que “En la sentencia se establece la probabilidad de que el conocimiento de la nómina de parientes y amigos invitados, podría haber aportado pistas para la búsqueda inicial de Marita Veron, y tal vez, otro habría sido el resultado de la sentencia”.  El magistrado, remarcó que sus “Respuestas son legítimas, porque formaron parte de la defensa estructurada por nosotros y nuestros abogados defensores”, por lo que  “Las omisiones” en las que incurrió la autora del libro, demuestran que “No es una periodista objetiva sino parcial, y que responde a la posición de Susana Trimarco” y “Por otra parte creo que la sentencia está mejor escrita que el libro de ella”.  Se destaca que el doctor Herrera Molina,  accedió a la entrevista porque “En este momento no tengo porque ser equidistante, porque ya termino mi función jurisdiccional en cuanto al tema”.  Por último, al ser consultado sobre la opinión personal que tiene de la periodista Sibila Camps, el magistrado indicó que  la profesional  “Parece una mujer observadora y aparentemente gentil, manifestó siempre su contento con la organización de la sala de juicio y la de prensa. No detentaba el título de periodista de Clarín en esa época, porque había dejado de serlo, creo”. Camps, “Fue bien atendida –pero- se puso susceptible cuando me negué a atenderla por teléfono en mi casa. Durante el Jury -de Enjuiciamiento- a los –doctores- Piedrabuena y Romero Lascano; la señora Camps no mostró en sus declaraciones la misma supuesta seguridad que pretende reflejar el libro”, aseveró el juez que integró la Sala que juzgo, a fines del año pasado, a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de María de los Angeles  “Marita” Verón.

Las FARC responsabilizo a Piedad Cordoba por la dilación en la liberación de un ciudadano estaounidense

Al respecto las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), aclaro que “La liberación del ciudadano estadounidense Kevin Scott, es una decisión unilateral de las FARC, que responde en estricto a consideraciones humanitarias. Nada se ha exigido a cambio de este gesto, que solo tiene el propósito de contribuir a un medio ambiente positivo para la paz de Colombia. Si esta liberación no se ha producido es porque el gobierno colombiano no brindó las condiciones mínimas necesarias que solicitamos para este procedimiento.  El pronunciamiento público de la ex senadora Piedad Córdoba, de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, declinando su participación en la misión humanitaria que traería de la selva al señor Scott, expresa la magnanimidad de una mujer que ha mostrado desprendimiento y entrega a la causa de la reconciliación. Tal circunstancia nos coloca en la posición de tener que buscar una alternativa fiable que permita dar una salida al caso. Las FARC-EP han tomado la determinación de solicitar al reverendo Jesse Jackson, ponga a disposición de este empeño su experiencia y probidad para hacer expedita la liberación de Kevin Scott. Deberá acompañar esta misión el integrante de Colombianas y Colombianos por la paz, el señor Carlos Lozano Guillén. Fuente FARC – EP.

Se recuerda que el 27 de septiembre último,  “La ex senadora Piedad Córdoba, líder de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), anunció este sábado que no participará en la liberación del exmarine estadounidense Kevin Scott secuestrado por las Farc desde hace más de tres meses, para no obstaculizar el proceso. En una carta dirigida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, Córdoba expresó que su voluntad es “facilitar” la liberación, no “obstaculizarla”. “Cuando ustedes se manifestaron en torno a mi participación conducente a la libertad del ciudadano Kevin Scott, expresé que estaba en total disposición para facilitar la concreción de ese gesto humanitario, no para obstaculizarlo”, afirmó la exsenadora. Las Farc anunciaron el pasado 19 de julio que habían secuestrado a Scott, al que calificaron de “mercenario”, un mes antes en el departamento del Guaviare, pero también adelantaron su intención de liberarlo como un “gesto” enmarcado en las conversaciones de paz con el Gobierno que se celebran en La Habana desde noviembre de 2012. Para la liberación, las Farc pidieron conformar una comisión humanitaria con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la exsenadora Piedad Córdoba y un delegado de una comunidad religiosa. Tras conocerse esta petición, Santos dijo que no permitiría a las Farc un show mediático para la liberación de Scott, se negó rotundamente a que Córdoba participara en la comisión y solo autorizó la participación del CICR. Ante este escenario, la exsenadora dijo en su carta: “es para mí imperativo, ético y moral, ayudar para que se dé la libertad del ciudadano norteamericano y el retorno al seno de su familia, por lo que reitero que declino ser parte de esta misión humanitaria”. Córdoba añadió en la carta que este gesto responde a sus “convicciones” de que la paz “exige a todas y todas la generosidad y la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras”. La exsenadora y su grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz han participado en los últimos años en la liberación de más de treinta personas que las Farc tenían en su poder, entre militares, policías y civiles”. Fuente El Colombiamo.

En el Noroeste Argentino más de la mitad de los peones rurales está en negro

El promedio de empleados del campo no registrados llega al 62% en Argentina. En las provincias del NOA (Noroeste Argentino) históricamente el trabajo rural ocupó, y aún lo hace, un lugar importante en la economía, ya que en la mayoría el principal aporte al producto bruto geográfico lo constituye el sector agropecuario. Pero el desarrollo de las tierras encaminado a generar una mayor producción de materias primas refleja serias falencias en el cumplimiento de los derechos laborales para los trabajadores rurales. Una clara demostración de este flagelo es el hecho de que el 55% de las personas que trabajan en el sector agropecuario en la región se encuentran dentro de la informalidad o precariedad laboral. Los datos fueron provistos por el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alvaro Ruiz, quien llegó a Salta para participar de la Jornada sobre la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación laboral. La problemática toma otras características en el NOA, si es que se compara con otras regiones, por varios motivos. Los patrones culturales, la vulnerabilidad social y la amplia oferta de mano de obra son variables que facilitan la precarización laboral en la zona. “Hay muchos trabajadores sometidos a trata de personas con fines laborales. Es un problema grave y los índices son altos. Tenemos el marco legal para evitar y proteger a los empleados rurales pero necesitamos la voluntad para que se cumplan las leyes. En ese sentido, la Nación avanzó mucho”, explicó Ruiz

Fuente Redacción Abierta (Argentina)

Democratización de la sexualidad

Imagen #6

Tal vez porque no fue consecuencia de heroicas luchas sociales y políticas sino del fracaso del programa económico y la derrota de Malvinas (una Bastilla que se derrumbó sola), la democracia argentina parece vivir en estado de permanente desencanto, un medio tono de desilusión que nos empuja a descubrir todos los días que no era en realidad todo lo que prometía. Esta singularidad nos impide a menudo observar sus triunfos, no sólo los más obvios y unánimemente aceptados, como el confinamiento de los militares a sus ásperos cuarteles o el fin de la violencia política, sino también otros menos visibles pero cruciales: la alta asistencia electoral y el hecho, comprobable en las últimas elecciones, de que la gente vota contenta; los avances sanitarios en materias tan concretas como la esperanza de vida o la mortalidad infantil; la expansión permanente, incluso durante los 90, de la cobertura educativa en todos los niveles, con un aumento impresionante de la inclusión universitaria de los sectores populares gracias a la creación de nuevas universidades en el interior y el conurbano; y las conquistas en cuestiones de género, que van desde las leyes de salud reproductiva a la reducción de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres y la mayor presencia femenina en ámbitos de decisión política.

Podríamos seguir con la lista de tendencias y contratendencias, pero sería un ejercicio agotador y al cabo inútil: un balance político supone algo más que un cuadro de pros y contras, y por eso este número especial de el Dipló analiza los treinta años de democracia desde varios ángulos complementarios, que van desde los clásicos (política, economía, sociedad) hasta los menos convencionales. Para sumar un punto de vista más, me enfocaré aquí en un tema que muchas veces se pasa por alto y que sin embargo es parte sustancial de las transformaciones ocurridas en estas tres décadas: la democratización de la vida íntima, en el sentido de un cambio–naturalizado en su cotidiana mutación pero ciertamente radical– de los vínculos de la puerta para adentro, incluyendo desde luego a las relaciones sexuales.Veamos.

Orgullo y prejuicio

En La transformación de la intimidad (1), el sociólogo inglés Anthony Giddens explica que vivimos en sociedades en las que priman lo que llama “relaciones puras”, es decir relaciones en las que las recompensas derivadas de la misma relación son el factor que hace que ésta continúe (quienes mantienen una relación lo hacen por los “beneficios” que obtienen de ella y no por una imposición externa). Menos condicionadas por las tradiciones religiosas o familiares que las del pasado, las relaciones puras se caracterizan por una mayor equidad sexual y emocional. Para Giddens, la relación pura es heredera del amor romántico típico del siglo XIX, que por primera vez aceptó la posibilidad de un lazo emocional duradero sobre la base de ese mismo vínculo y no por factores exteriores, como la decisión familiar o la dote. Pero la relación pura es una relación más igualitaria, flexible y moderna que la romántica, que no encierra a la mujer dentro de las paredes del hogar ni la condena a esperar pasivamente al hombre, como la Elisabeth Bennet de Orgullo y prejuicio que Keira Knightley elevó a la cumbre de su deslumbrante belleza (2).

Otro sociólogo dedicado a analizar los cambios operados en la vida social, el polaco Zygmunt Bauman, dice que la nuestra es la era del “amor líquido”, caracterizado por vínculos flexibles y cambiantes, que son más conexiones que relaciones y que incluyen lo que llama “vínculos de bolsillo” (se pueden sacar cuando uno quiere pero también guardarlos cuando ya no son necesarios), en el contexto de una sociedad afectiva en red. Una de las explicaciones de estos nuevos formatos relacionales radica en que, como señala Giddens, los vínculos de largo plazo suelen comportarse como los pozos petroleros: rinden mucho al principio y luego declinan.

Pero vayamos a la política. El alfonsinismo y el kirchnerismo, es decir los dos ciclos políticos de cambio progresista de estos 30 años de democracia, avanzaron en la sanción de leyes orientadas a ponerse al día con esta nueva realidad social: me refiero a las leyes de patria potestad compartida y divorcio de los 80, y a las de matrimonio igualitario e identidad de género de la última década, que en esencia implican el reconocimiento por parte del Estado de la autonomía de los ciudadanos acerca del modo más conveniente de vivir su vida privada, afectiva y familiar. Además de sugerir una línea de continuidad entre ambos gobiernos (una línea poco estudiada y que ilumina las conexiones del kirchnerismo con la tradición liberal), las iniciativas funcionaron como recurso de reinvención política en tiempos de debilidad: Alfonsín impulsó la ley de divorcio luego del fracaso del Plan Austral y el giro en su política de derechos humanos (de hecho fue sancionada la misma semana que la ley de obediencia debida), y Kirchner llevó adelante la ley de matrimonio igualitario tras la derrota en el conflicto por la 125.

Con este tipo de iniciativas, ambos gobiernos demostraron que la izquierda moderna es una izquierda de la igualdad pero también de la diferencia (para la izquierda clásica este tipo de temas eran irrelevantes al lado de las cuestiones realmente importantes, como la lucha de clases o la emancipación de los pueblos). Y, en el camino, pusieron en evidencia que los cambios culturales profundos son un trabajo de todos: como señala Giddens, mientras que la democratización de la vida pública fue una tarea básicamente masculina, la democratización de la vida íntima tiene a las mujeres, las minorías sexuales y los jóvenes como grandes protagonistas.

El punto G

La pregunta es delicada pero vale la pena formularla: así como se democratizaron las instituciones políticas y se democratizaron también los vínculos sociales, ¿se democratizó el sexo? Siguiendo al sociólogo francés Eric Fassin (3), que ha dedicado buena parte de su obra a estudiar la relación entre esfera pública y esfera privada, podríamos decir que sí. El razonamiento es simple: si la democracia supone la capacidad de la sociedad de gobernarse a sí misma más allá de cualquier principio trascendente (Dios o lo que sea), entonces el sexo se ha democratizado en el sentido de que se ejerce ya no según los mandatos tradicionales (reproductivos, patriarcales, heterosexuales) sino de acuerdo al gusto y placer de cada uno. No se trataría de ejercer una sexualidad sin normas, lo cual a Fassin le parece tan imposible como una sociedad sin reglas, sino de aceptar que la democratización de la sexualidad implica que las normas son discutidas y consensuadas dentro de cada pareja (o trío o lo que sea), sin más prohibiciones que aquellas contempladas en el Código Penal (violencia, menores, etc.). Como afirman los swinger a lo Rolando Hanglin, el único límite es el consentimiento.

El planteo, que a primera vista puede parecer abstracto, se verifica en concreto. Si se mira bien, es fácil comprobar que en estos treinta años diferentes grupos sociales mejoraron su capacidad de goce sexual: las mujeres, sobre todo las pobres, porque se han implementado políticas de salud reproductiva que les permiten acceder a métodos anticonceptivos y disfrutar de su sexualidad sin temor al embarazo, y también porque la progresiva toma de conciencia social acerca de las desigualdades de género les posibilita “negociar” su vida sexual en otras condiciones (y, en el extremo, decir no). También mejoró el disfrute de los jóvenes y los adolescentes, porque los “nuevos pactos familiares” replantearon las relaciones inter-generacionales, menos autoritarias que en el pasado, y habilitaron la posibilidad del sexo en casa (a esto también contribuyó una tendencia negativa de estos años, el aumento de la inseguridad, que convenció a muchos padres de la conveniencia de que sus hijos no salgan de noche y los empujó a aceptar resignadamente que se encierren en su cuarto con su pareja).

Paralelamente, las minorías sexuales fueron encontrado espacios para el ejercicio de su sexualidad que antes estaban limitados a los submundos gays (y que se han naturalizado con una rapidez asombrosa, como demuestra el hecho de que Florencia de la V hoy conduzca un programa en la mañana de… ¡Telefé!). Finalmente, mejoró también la performance de los mayores, aunque menos por efecto de la democratización que por el impacto del viagra (cabe preguntarse de todos modos si la revolucionaria píldora azul hubiera podido comercializarse en un contexto autoritario).

Las mujeres, los jóvenes, los gays, los viejos… no parece absurdo afirmar que, en un contexto de progresiva retirada del autoritarismo y debilitamiento de las tradiciones patriarcales y conservadoras, los avances en materia de tolerancia a la diversidad y respeto de la diferencia, valores promovidos por las instituciones democráticas e imposibles de garantizar sin ellas, mejoraron los “niveles de placer” de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos pues ante una conquista fundamental de la democracia, imposible de medir pero muy real en la vida de millones de personas que se inclinan cada vez más por una sexualidad plástica, liberada de las necesidades reproductivas, más variada y compleja. Y ciertamente más divertida.

Todo es político

Al tiempo que ocurrían estos cambios, se producía también una politización del sexo. La irrupción del sida, que con el primer caso notificado en Argentina en 1982 prácticamente coincidió con el regreso de la democracia, le permitió al Estado recuperar su “autoridad sexual”, aunque no ya para imponer un mandato moral o religioso sino para desplegar una política sanitaria orientada a la prevención del virus. El efecto, sin embargo, no fue sólo epidemiológico: el uso del preservativo, es decir la introducción en el momento sexual de un objeto ajeno a los cuerpos, nos recuerda que existe un mundo externo, lo que a su vez hace visible el hecho de que las relaciones sexuales no son naturales, un simple reflejo de la biología, sino que están condicionadas por el entorno social y atravesadas por relaciones de poder: son construcciones sociales históricamente situadas y no –pongámonos psicoanalíticos– pura pulsión primaria.

Mi tesis final es la siguiente: hay una conexión entre la creciente aceptación social de la diversidad y el pluralismo sexual y la intervención del Estado vía políticas sanitarias en los mundos íntimos de las personas. En tiempo de descuento, la democracia argentina descubrió que, como decían las primeras feministas, lo personal también es político. Por José Natanson.

Fuente: Le Monde Diplomatique – Edicion cono Sur

En Ecuador se capacita a los distritos rurales sobre socialización y procesos de participación política

En el marco del convenio suscrito entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE),  el abogado Byron Torres Azanza, funcionario del Tribunal Contencioso Electoral, dictó un  Taller de Capacitación y socialización sobre Procesos de Participación Política,  en el auditorio de la Delegación del Consejo Nacional Electoral de Riobamba. Torres Azanza, disertó sobre procedimientos contenciosos electorales, funciones del Tribunal y Justicia electoral. En su exposición, el letrado instruyó a los asistentes sobre las Funciones del Estado con énfasis en lo Electoral, la conformación del Tribunal, disposiciones legales, las infracciones electorales y sus sanciones en época de campaña electoral. El evento contó con la presencia de los presidentes y vocales de los Gobiernos Parroquiales de la provincia, quienes encontraron un espacio de diálogo y socialización de temas relacionados con la democracia y su participación política. Se remarca que el CONAGOPARE ejerce en Ecuador la representación de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPRs), a nivel nacional. El organismo procura la articulación de los objetivos y estrategias de los GADPRs, con los otros niveles de gobierno; preserva la autonomía de los GADPRs, participa en procesos de fortalecimiento de los GADPRs a través de programas y proyectos de asistencia técnica, capacitación y formación.

En Ecuador, las Parroquias son la división político-territorial de menor rango (tercer nivel). Los Cantones y Distritos Metropolitanos son divididos en parroquias que son similar a municipalidades o comunidades en muchos países. Existen 1.500 parroquias en Ecuador. El conjunto de estas se organizan bajo la forma jurídico-política del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal o Distrital que es la autoridad juridiccional del cantón en asuntos administrativos. Existen dos tipos de parroquias: la urbana y la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser una ciudad principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas de la ciudad principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o conjunto de recintos cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo. El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros elegidos por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares del Gobierno y administración municipales y distritales y como intermediario entre estos y sus representados inmediatos. La creación, supresión y fusión de las parroquias municipales es competencia de los Concejos Municipales y Concejos Metropolitanos. Fuente Wikipedia.

Objetivos del CONAGOPARE:

Representar y ejercer la vocería oficial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales como Ente Asociativo Nacional y como integrante de otros cuerpos colegiados. Participar en la construcción, definición y gestión de políticas públicas, que impulsen el desarrollo social y permitan alcanzar colectivamente el Buen Vivir de la población rural.  Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y unidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPRs), con observancia de los principios de diversidad, pluralidad, igualdad, equidad y solidaridad.  Asumir la interlocución con los representantes de los otros niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado, Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, Función de Transparencia y Control Social, Función Electoral y otros organismos, en temas que faciliten el desarrollo equilibrado de los territorios rurales y mejoren el nivel de vida de sus poblaciones. Prestar soporte técnico, asesoría y capacitación permanente a los GADPRs. Identificar problemas de coordinación y gestión de los GADPRs con otros niveles de gobierno, definir estrategias y proponer soluciones. Identificar oportunidades de cooperación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales y gestionar el desarrollo de programas y proyectos que redunden en beneficio de los intereses de los territorios de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Activar mecanismos de unificación nacional y coordinación permanente entre las Asociaciones Provinciales y el CONAGOPARE.

Romero Lascano quedaría “como único blanco del proceso de remoción impulsado por Susana Trimarco”

Foto Ampliada

Garmendia, letrado de Trimarco, opina que el enjuiciamiento político debe proseguir . “El fallo de la Corte que avala mi derecho a jubilarme es consecuencia de la obcecación del PE”, afirma Piedrabuena. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que este viernes respaldó el derecho a la jubilación de Alberto Piedrabuena, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, colocó la pelota en la cancha del Poder Ejecutivo (PE). Esta institución ha de resolver si acata la decisión y acepta la renuncia al magistrado (como ya hizo en agosto respecto de su par Emilio Herrera Molina) o busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo mediante la interposición de un recurso extraordinario o, en caso de fracaso de este, de un recurso de queja por extraordinario denegado.  Si el Gobierno de José Alperovich da por terminado el pleito, Piedrabuena se convertirá en el segundo juez de la Sala II de la Cámara Penal que pone fin a su carrera tras la sentencia del caso “Verón”, que absolvió a los 13 acusados de los supuestos secuestro y prostitución de María de los Ángeles “Marita” Verón. El tercer vocal de ese estrado, Eduardo Romero Lascano, no reúne la antigüedad suficiente para jubilarse y, por ende, si no dimite, quedará como único blanco del proceso de remoción impulsado por Susana Trimarco, mamá de “Marita”. Romero Lascano aseguró ayer por teléfono que seguirá adelante con las acciones legales que inició contra la comisión de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento. “No barajo la posibilidad de renunciar. Me siento afectado por los dichos de la señora (Trimarco), aunque la Justicia Penal ya confirmó que no tengo nada que ver con la supuesta compra de jueces. Me he comportado correctamente de acuerdo con mi conciencia y volvería a actuar de la misma manera”, reflexionó el camarista. Carlos Garmendia, abogado de Trimarco, opinó que el enjuiciamiento debe seguir adelante porque existe una decisión de acusar de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. “La resolución de la Corte respecto de Piedrabuena no es definitiva: habrá que ver qué hace el PE. Eventualmente Romero Lascano tendrá que responder solo. Nosotros esperamos que los jueces nos expliquen por qué actuaron como actuaron. No los acusamos por cometer delitos sino por mal desempeñado durante el juicio y por emitir una sentencia que hemos interpretado como una decisión de impunidad”, expresó.

Impotencia

La Sala II de la Cámara Penal debe rendir cuentas a Micaela (Catalán Verón, hija de ‘Marita’) y a la sociedad, según Garmendia. “El tribunal mintió para que aparezcan contradicciones en los testimonios de los testigos. Los jueces pusieron en duda el secuestro de ‘Marita’ y, por ende, la tarea de Susana (en la lucha contra la trata), lo que también es una barbaridad”, acotó.  Piedrabuena evaluó este martes que el fallo de la Corte, que confirmó una sentencia previa de la Sala I de la Cámara Contenciosa, había superado sus expectativas (la resolución firmada por Antonio Gandur, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek declaró que el rechazo de la renuncia de un magistrado sujeto a enjuiciamiento supone una violación de derechos humanos). “Este juicio no tendría que haber ocurrido. El fallo que avala mi derecho a jubilarme es consecuencia de la obcecación del PE y de sus compromisos con el Poder Ejecutivo Nacional”, meditó.  En diciembre pasado, tras la explosión del caso “Verón”, Piedrabuena había afirmado que no pensaba dimitir. “Cambié de idea por la impotencia que me generó la falta total de garantías de imparcialidad en la comisión de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento”, confesó.  Tanto él como Herrera Molina agradecieron el asesoramiento de los abogados Arnaldo Ahumada y José Roberto Toledo. “Actuaron en nuestros juicios sin ningún tipo de contraprestación, y sólo guiados por un apego profundo a la república y a la división de poderes”, dijo Piedrabuena. Herrera Molina agregó: “los letrados hicieron un esfuerzo titánico para que podamos jubilarnos. Nos hubiese gustado retirarnos de otra manera, y no en medio de infamias y bajezas. Nos duele la situación de Romero Lascano. Los tres formábamos un buen equipo y podríamos haber seguido trabajando juntos”.  El Jurado de Enjuiciamiento se reunió este martes en la Legislatura para evaluar las novedades relativas al trámite de destitución promovido por Trimarco. Fuentes de ese órgano informaron que este aún no había sido notificado de la sentencia favorable a Piedrabuena. El Jurado aguarda asimismo que quede firme el fallo del alto tribunal que no hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad de Romero Lascano.

Fuente: Diario La Gaceta

Vaticinan para después de las elecciones medidas oficiales que afectarán nuevamente al turismo

La mayoría de los analistas coinciden en que, pasada las elecciones, habrá medidas oficiales para achicar la sangría de dólares que genera este sector. A la vez, alerta que las restricciones que se tomen impactarán en el precio del blue, lo que frenaría el drenaje sólo por un tiempo. Pronósticos. Los economistas suelen no coincidir en ninguno de los pronósticos sobre cómo seguirá el país en el futuro cercano. Pero parecen estar de acuerdo en un punto: habrá medidas que afectarán al turismo. A pesar de que el titular de la AFIP Ricardo Echegaray negó “enfáticamente” que se esté pensando en incrementar el actual recargo, lo cierto es que todo el mercado ya tiene la expectativa de que, inexorablemente, alguna medida sobrevendrá. Empezando por el público, que está demandando paquetes turísticos a toda velocidad, en un fenómeno que los conocedores de la industria describen como de “compra adelantada”. Quienes ya tienen tomada la decisión de viajar el año próximo, no esperan para adquirir sus pasajes. Lo hacen ahora, por temor a que cambien las condiciones de precio o se restrinja el financiamiento. Así las cosas, los directivos de agencias manifiestan que se encuentran trabajando como nunca antes. “Nosotros estamos en un nivel muy alto de actividad. Y quedó claro que, hasta ahora, las restricciones no nos han perjudicado en lo más mínimo, como el recargo del 20% para las compras de paquetes”, señala el directivo de una agencia de viajes, que pidió no ser mencionado. Lo cierto es que sus afirmaciones quedan corroboradas de manera contundente por las estadísticas del Indec, que muestran que la cantidad de personas que deciden viajar al exterior por avión se incrementó en más del 50% desde que se implementara el cepo cambiario y, más tarde, las restricciones impositivas. Incluso, esta cifra aumenta trimestre a trimestre, en la medida en que el atraso cambiario va haciendo más atractivo el costo de vacacionar fuera del país. Y, además, por el componente extra, producto del “temor pre-electoral”. En este contexto, por más que el Gobierno se empeñe en despejar inquietudes, este comportamiento del público empeora la sangría de divisas de las arcas del Banco Central. Así las cosas, se estima que este año se llegaría a un déficit por turismo de más de u$s7.000 millones, con posibilidades incluso de superar el rojo energético. La cifra impresiona aun más si se tiene en cuenta que hasta hace dos años, según datos del Banco Central, la actividad turística no sólo no sacrificaba reservas sino que genera ingresos para el país. En ese entonces, había un saldo positivo de u$s1.000 millones promedio.

Diagnóstico lapidario

Con este cuadro, el diagnóstico no deja lugar a demasiada discusión. Y tanto oficialistas como opositores aseguran que, evidentemente, algo el Gobierno debe hacer para frenar la sangría de dólares. “Resulta difícil entender por qué sigue jugando con fuego y arriesga el nivel de reservas para financiar la cuenta de turismo”, argumenta Facundo Martínez, analista de MyS Consultores. Los reportes de esta consultora, dirigida por Carlos Melconian, dan como un hecho que se establecerá algún tipo de restricción adicional luego de las elecciones de octubre. El mismo pronóstico hace Mariano Lamothe, economista jefe de la consultora Abeceb: “Creo que si hay cambios económicos luego de las legislativas, van a venir por el lado del turismo. El Gobierno va a preferir tomar medidas en este aspecto antes que otras más generales, como un desdoblamiento del tipo de cambio”. En la misma línea, desde Econviews aseguran que el encarecimiento del “dólar turista” después de octubre es “casi cantado”, dado el acelerado ritmo al que están disminuyendo las reservas del Central. Incluso, desde la vereda de los economistas más afines al kirchnerismo se insinúa que hay que pensar en medidas de este tipo, dado que la masiva salida de divisas por turismo viene a ser un efecto colateral de la política de contención del dólar. Así lo expresa un artículo de investigadores del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo quienes, tras apoyar la decisión de no devaluar el peso, reconocen “el impacto del tipo de cambio sobre los flujos de turismo”.

Antecedentes poco auspiciosos

En este contexto, el gremio de los economistas considera que el costo de financiar el turismo -con escasez de dólares- llegó a un punto tal que el Gobierno no puede permanecer indiferente. Pero el punto en el que no hay tanto consenso es qué debe hacer exactamente, porque si hay algo que dejó en claro la historia reciente, es que, en este tema, al Ejecutivo “el tiro le salió por la culata”. Todos los antecedentes demuestran que las restricciones aplicadas sobre la actividad para evitar la fuga de divisas, más que frenarla, llevaron la salida a un “récord histórico”.  Cuando en agosto de 2012 se estableció el recargo del 15% a las compras con tarjeta, del millón de personas promedio que solían viajar se pasó nada menos que a un millón y medio (verano 2013). Ante esta situación y para reducir la salida de billetes, el Gobierno decidió -previo a Semana Santa- elevar dicho recargo a un 20% y, además, extenderlo a la compra de pasajes y estadías. Esta medida tampoco generó los resultados que el Ejecutivo esperaba.  Esto se puede confirmar en el balance cambiario que presentó el Banco Central: la salida de dólares aumentó un contundente 60% entre abril y junio de 2013 (u$s2.260 millones) respecto del mismo trimestre del año previo. Ya en ese momento abundaban los pronósticos escépticos. Como el de Eduardo Levy Yeyati, docente de la universidad Di Tella y ex banquero de inversión, quien decía: “Anticipo: en los próximos 12 meses el impuesto a la compa en dólares volverá a subir. Después no digan que no les avisé”. En tanto, Diana Mondino, docente de la Ucema advertía: “Los argentinos dejarán de consumir otras cosas para poder irse de viaje. Es un análisis muy primitivo el que hace el Gobierno”. “Para quienes viajan al exterior la cuenta es fácil: aun con el recargo del 20%, el precio de cada dólar gastado afuera con tarjeta termina siendo al menos 30% más barato que un blue”, afirmaban desde Abeceb.

El peligro se llama “blue”

El actual menú de medidas que se debate para limitar la salida de dólares, tanto dentro como fuera del Gobierno, incluye varias posibilidades: Aumentar el recargo solo a consumos en el exterior con tarjetas. Ampliar ese aumento también a pasajes y reservas hoteleras, llevándolo del 20% a un 40%. Realizar un desdoblamiento cambiario y establecer un “dólar turista”. La sensación que predomina entre los analistas es que lo más probable que ocurra es que el Gobierno evite el desdoblamiento cambiario y vaya por las dos primeras opciones. Economistas que comulgan con el pensamiento kirchnerista sostienen que es preferible atender el déficit con medidas puntuales, como “la elevación del dólar tarjeta” y no pensar en una devaluación “que beneficia a sectores exportadores, que ya gozan de elevada rentabilidad”. El gran tema que surge ante esta situación es si, esta vez, el Gobierno tendrá éxito en frenar la salida de divisas. En principio, un encarecimiento de otro 20% podría suponer un disuasivo para quienes sólo cuentan con moneda nacional para financiar sus viajes. Pero el dato clave es el blue: mientras la brecha respecto del tipo de cambio oficial -o del nuevo dólar turista- siga ensanchándose, el costo relativo de viajar al exterior seguirá bajando. Si el viajero tenía dólares guardados en el colchón y puede venderlos en el mercado informal, se encontrará con que, incluso después de aplicado el recargo, el turismo externo sigue siendo barato. Así lo explicó Alejandro Cámera de la agencia Tours and Travel: “La brecha es muy grande entre el oficial y el paralelo y por eso los recargos no influyen demasiado en los que viajan”. De manera que el éxito de una iniciativa restrictiva dependerá, en buena medida, de que el blue no se dispare inmediatamente después de anunciado un nuevo “dólar turista”. Algo en lo que los analistas no ponen muchas esperanzas, dados los antecedentes y el propio comportamiento alcista del billete informal de las últimas semanas. Es así que para el economista Federico Muñoz, de aumentarse el recargo en los servicios turísticos o las compras en el exterior, “se frenaría la salida de la divisas por un tiempo hasta que, nuevamente, la brecha cambiaria aumente y eso incentive salir al exterior”. También Martínez, de M&S Consultores, cree que, aunque el encarecimiento en pesos de los paquetes turísticos podría darle un alivio temporario al Gobierno, en poco tiempo se revelaría como insuficiente. “El desequilibrio es mayúsculo y la tendencia es preocupante”, advierte el analista, quien es de los que cree que los pronósticos sobre el nivel de reservas de los próximos dos años deberán ser revisados drásticamente a la baja, si no se aplica un plan integral para frenar la fuga.

Una historia ya conocida

En principio, los economistas tienden a ser escépticos sobre la posibilidad real que tiene el Gobierno para frenar el turismo. A fin de cuentas, como demuestra la historia, la salida masiva de argentinos a vacacionar estuvo ligada a períodos de grandes atrasos cambiarios y se frenó únicamente cuando hubo una devaluación. Así pasó con la tablita de los ‘70 y con la convertibilidad de fines de los ‘90. En ambos casos, como en este momento, se batió el récord histórico de turismo externo. Del mismo modo al que ahora lo hace Cristina Kirchner, los gobiernos mostraban esos números como un motivo de festejo. Pero todos saben cómo terminaron esas experiencias. Por eso, la cara oculta del récord turístico preocupa a todos. Incluyendo al Ejecutivo, que no puede disimular su temor al ver cómo caen día a día las reservas.

Fuente: I Profesional