La Justicia Penal desestimó denuncia de compra de jueces en Tucumán

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Septiembre trajo una de cal y otra de arena para Eduardo Romero Lascano, vocal de la Sala II de la Cámara Penal de esta capital. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) declaró constitucionales los actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento que ha de juzgar el desempeño de ese magistrado y el de su par Alberto Piedrabuena durante el juicio oral del caso “Verón” (la jubilación dejó al tercer vocal de la Sala II, Emilio Herrera Molina, fuera del proceso de remoción). Por otro lado, Alejandro Javier Tomás, juez de Instrucción de la I Nominación, desestimó las actuaciones iniciadas para verificar la versión de una supuesta compra de jueces (en el caso “Verón”) respecto de Romero Lascano.  Tomás hizo suyo el dictamen de Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la IV Nominación, el 11 de septiembre pasado. La sentencia recuerda que la hipótesis de cohecho partía de los correos electrónicos con remitente anónimo que la Fundación María de los Ángeles recibió en septiembre de 2010. Dichos mensajes advertían a Susana Trimarco, presidenta de la ONG y mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, que los integrantes del tribunal habían acordado con Rubén “La Chancha” Ale retrasar el juicio oral (por las supuestas desaparición y promoción de la prostitución de “Marita”) y absolver a los imputados.  Tanto el fiscal López Ávila como el juez Tomás consideraron acreditado que los correos electrónicos anónimos no podían estar referidos a Romero Lascano, puesto que, a la fecha de su recepción (septiembre de 2010), el juez ejercía libremente la abogacía y no tenía cómo saber que sería designado vocal de la Sala II de la Cámara Penal (comenzó a prestar servicios en ese estrado en mayo de 2011).

Recuerdos

Tampoco podía saber Romero Lascano, que es primo de Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, que iba a juzgar el caso “Verón” y a firmar la sentencia que -por unanimidad- absolvió a los 13 imputados. Tras aquel fallo impopular, Trimarco y su círculo tildaron de corruptos a los miembros de la Sala II de la Cámara Penal, y deslizaron que estos habían recibido dos millones de dólares de parte de los Ale (clan vinculado a algunos imputados del caso “Verón”) para fallar como fallaron.  Esa conjetura formó parte de la argumentación que Trimarco desplegó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura para pedir la destitución de los magistrados de la Sala II (la solicitud obtuvo el aval del comité dominado por el alperovichismo en abril). En ese escrito, la mamá de “Marita” ofreció como prueba la presentación formulada en la Fiscalía IV con el patrocinio del letrado Carlos Garmendia por ‘la nota de compra de jueces’.  Pero tal denuncia no existía, según los informes que elaboraron el Ministerio Público y la Mesa de Entradas Penal a instancias de Romero Lascano. Luego, el fiscal López Ávila citó a Garmendia a declarar como testigo. En su comparecencia el letrado dijo que todo el tiempo se había referido al expediente 28237/10 y que él, en su carácter de director del Departamento Jurídico de la Fundación María de los Ángeles, había entregado los correos electrónicos anónimos a la Fiscalía IV y requerido su investigación. “Recuerdo que se avanzó en esa pesquisa detectándose el lugar de procedencia de los mensajes y no recuerdo más sobre esa actuación”, declaró Garmendia.

Auditoría

Romero Lascano recogió el guante, y pidió al fiscal López Ávila y a Antonio Estofán, presidente de la CSJT, que esclarezcan la imputación de cohecho “por su honor y el del Poder Judicial que integra”. Tras la feria de invierno, el camarista llevó ese afán hasta el extremo de presentar a ambos una auditoría de su patrimonio firmada por el contador Domingo Marchese, socio y fundador del Estudio Marchese, Grandi & Mesón.  Aquel estudio determinó que Romero Lascano posee una casa en Yerba Buena, y un departamento con cochera en Barrio Sur: la valuación fiscal de esos bienes asciende respectivamente a $ 140.000 y $ 52.500 (la pareja del magistrado, Margarita Beatriz Villecco, tiene una propiedad a su nombre adquirida en 2002). En su manifestación de bienes y deudas correspondiente al 31 de diciembre de 2012, el camarista declaró un patrimonio neto de $ 471.477 (el de 2011 ascendía a $ 296.962).  La desestimación de la denuncia de compra de jueces dispuesta por el juez Tomás favorece a Romero Lascano, pero no libera a este del riesgo de remoción. El camarista ratificó ayer que recurrirá la sentencia de la CSJT que avaló los actos de integración del Jurado. En paralelo, ese órgano de remoción de jueces no sujetos a juicio político (instituto incorporado a la Constitución en 2006) se prepara para debutar con el juzgamiento de los magistrados del caso “Verón”.

Fuente: La Gaceta (Argentina)

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