Un informe revela la discriminación que sufren las Prostitutas en América Latina por no estar reconocidas legalmente

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano (RedTraSex)  presentó recientemente en Buenos Aires un informe sobre las normas que afectan el trabajo sexual en quince países de la región, con vistas a incidir en la necesidad de regulación específica para el sector que considere a estas mujeres como sujetos de derechos. La investigación fue realizada en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria que busca, como objetivo final, el reconocimiento normativo del trabajo sexual. El tema es de difícil inserción en Argentina, un país con tradición abolicionista desde mediados del siglo pasado. En un país que se declaró explícitamente abolicionista como Argentina, el principal reclamo de las mujeres que se consideran a sí mismas trabajadoras sexuales es ser visibilizadas, convocadas al debate de políticas públicas y,  aún más profundo, ser consideradas sujetos de derecho. Esto es lo que señalan desde hace años las mujeres agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR Nacional):  lo hicieron cuando no se las invitó al debate sobre la Ley de Trata, cuando se consideraron afectadas por el Decreto presidencial 936 de Prohibición de Avisos de Prostitución, y vuelven a hacerlo ahora, cuando acaban de presentar en Buenos Aires una investigación de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano (RedTraSex) que integran, en la que analizan cómo las discriminan muchas de las normas vigentes en la región.

La investigación –financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria- pretendió dar cuenta de políticas públicas que no haciéndose cargo de la existencia de la prostitución, o interviniendo en ella de forma no adecuada, criminalizan la situación laboral y la vida de estas mujeres de formas muy parecidas desde Argentina hasta Guatemala. A través de entrevistas a trabajadoras sexuales organizadas y no organizadas, y a informantes clave en el tema, la investigación concluyó que, a excepción de Uruguay, el trabajo sexual no está reconocido por la normativa de ninguno de los otros 14 países (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y, por tanto, quienes lo ejercen no son sujetos de derechos; y  que el proxenetismo –la explotación de la sexualidad ajena- está penalizado en todos los países. “Esta investigación es parte de un proyecto iniciado por la RedTraSex a comienzos del 2012 para lograr la disminución de enfermedades, pero el objetivo del mismo también es capacitar a las organizaciones que conforman la Red para mejorar la incidencia política y que logren sus metas -explica Noemi Restrepo, gerente del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria-. La criminalización de las trabajadoras sexuales, y en general de las poblaciones vulnerables, las hacen mucho más frágiles frente a VIH/SIDA porque no acceden a educación y salud. Creemos que si estuviera legalizado el trabajo sexual, esto tendría repercusión sobre las enfermedades porque habría menos discriminación y estigma y accederían a salud. Y en el marco de una ley de este tipo, una personas que está en una situación de explotación sexual debería poder denunciarla, ya que la idea es empoderar a las mujeres en situación de prostitución.Si empoderadas ellas eligen hacer otro trabajo… pero hay que dejarlas elegir –completa Nuria Diez Ungo, también integrante del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA-. Una ley contra la trata de personas no es incompatible con una que regule trabajo sexual.”

 

Las formas de la discriminación

 

Uno de los hallazgos de la investigación fue que en todos los países hay distancia entre las legislaciones nacionales y las legislaciones locales, en el sentido de que aunque a nivel nacional el trabajo sexual no sea reconocido, hay leyes locales específicas –sobre todo en las grandes ciudades- que regulan el ejercicio del trabajo sexual señalando, por ejemplo, que el mismo debe ser realizado en lugares abiertos y a determinadas distancias de establecimientos educativos y religiosos, lo mismo la instalación de locales cerrados; y luego, la implementación de estas normativas a nivel local genera situaciones de violencia, discriminación y controles indebidos hacia estas mujeres. Se señala en el informe: “La aplicación de los códigos contravencionales locales o regionales sirve de justificativo para el desarrollo de allanamientos, detenciones, pedidos de identificaciones y persecuciones. Los testimonios recogidos dan cuenta de la exigencia de pagos y favores sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, hechos relacionados con violencia verbal y física. En todos los países, las MTS (mujeres trabajadoras sexuales) cuentan que son sometidas a requisas en busca de elementos que confirmen que ejercen el trabajo sexual– como preservativos, ropas, etc-“.El control del VIH/SIDA es otro factor de discriminación hallado en el estudio ya que aunque, como en Argentina, la legislación nacional prohíba que a las personas se les exija acreditar que no poseen la enfermedad para poder trabajar, según explica Elena Reynaga –dirigente de AMMAR y secretaria ejecutiva de la RedTraSex “en el sur del país la policía les exige a las compañeras que presenten un certificado que indique que no tienen VIH”. Reynaga explica que si el trabajo sexual estuviera reconocido por el Estado, correspondería que hubiera una libreta sanitaria sobre salud integral de las trabajadoras sexuales –y no solamente que controlara la transmisión de enfermedades de transmisión sexual- administrada por el Ministerio de Trabajo, pero no por la policía. Es decir, actualmente, el control del VIH/Sida es utilizado como una estrategia más de discriminación hacia este colectivo. También reclamaron la estigmatización sobre las trabajadoras sexuales surgidas a partir de las nuevas leyes sobre trata de personas que hay actualmente en toda la región –a excepción de Uruguay donde el proyecto aún está en estudio-. La encargada durante la presentación de graficar cómo sucede esta presentación fue Lucy Esquivel –integrante de la organización Unidas en la Esperanza, de Paraguay y coordinadora del Nodo Sur de la RedTraSex): “En nuestra investigación encontramos confusión entre trabajo sexual y trata de personas. Las fuerzas de seguridad se toman de las leyes de trata para atropellar los derechos de las trabajadoras sexuales: cuando se hacen procedimientos policiales, mi compañera que hace trabajo sexual aparece en medios de prensa, porque están mezcladas las que están en situación de trata y las que están en situación de prostitución. Y nosotras decidimos estar en situación de prostitución, no somos víctimas”.

 

En primera persona

Haydee Elizabeth Laynes Cabrera es trabajadora sexual de El Salvador. Coordina el movimiento de mujeres Orquídeas del Mar, que nuclea a trabajadoras sexuales de su país, organizadas desde el 2005, y es a la vez coordinadora de Centroamérica y el Caribe de la RedTraSex. “En El Salvador tenemos el tema de las maras, que en los parques públicos nos cobran cuatro dólares por semana de renta para que podamos pararnos, y nos agreden si no podemos darles el dinero. Pero si ponemos denuncias por agresiones o decimos que nos violaron, en la policía nos dicen no es verdad, que cómo nos van a violar si nosotras somos trabajadoras sexuales. Entonces estamos viendo que es el Estado quien debería garantizar nuestros derechos, pero resulta que la policía no interviene cuando nos pegan. ¿Cuándo el Estado nos va a dar calidad y calidez?”

Yo rescato mucho la visibilidad que tenemos nosotras dentro del movimiento de mujeres de El Salvador y fuera del país y de Centroamérica –explica Haydee Laynes-. Creemos que el movimiento feminista nos vino abriendo camino. Todas las que estamos en las Orquídeas seguimos en ejercicio del trabajo sexual y hacemos sensibilizaciones y capacitaciones con las que tienen más de 18 años y están en esto de forma visible. Las que están clandestinas creemos que deben ser atendidas por el Estado. La mayoría de las mujeres soñamos con tener oportunidades diferentes, las trabajadoras sexuales que ya estuvieron 20 años en la calle hoy quieren dejar de hacer trabajar al cuerpo. Pero es el Estado el que debe garantizar oportunidades para estas mujeres con fuentes de empleo.”

Lucy Esquivel es categórica: “Nuestra posición es seguir ejerciendo el trabajo sexual pero con mejores condiciones laborales. Yo seguiría haciéndolo si tuviera tiempo, ahora tengo muchas ocupaciones porque estoy en la Red. Durante 17 años me he parado en la calle, el trabajo sexual me ha dado todo, y lo volvería a hacer. Yo solita me fui a parar a una esquina a los 19 años. No me puedo quejar del vínculo con los clientes. La violencia está en todas partes, pero soy muy feliz. No desconozco abusos de poder, de derechos humanos, el peligro por el que pasan las compañeras, por eso digo que nosotras somos grandes luchadoras porque en esta profesión se pasa de todo. Pero yo soy una mujer trabajadora sexual con poder de decisión, libre, autónoma y me siento sujeto de derecho. No dejar de serlo es mi identidad. Hoy la red nos da herramientas para incidir políticamente, para exigir los derechos que siempre nos han negado”.

Fuente: Comunicar Igualdad (Argentina)

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