En los argumentos de su renuncia Piedrabuena dijo: “He sido una partícula arrasada por la obcecación y el frenesí deshumanizado de quienes ejercen la política”

El juez Alberto César Piedrabuena, presentó este miércoles último, su dimisión ante la Corte Suprema de la Justicia y el Poder Ejecutivo para poder acogerse a los beneficios de la jubilación. A continuación se destacan alguno de los pasajes del argumento de la renuncia  del magistrado: “La causa referenciada constituye prueba evidente de un procedimiento que se ha calificado de “linchamiento público”. Un fallo pronunciado por tres jueces dentro de los límites del juzgamiento y condicionamiento de las pruebas, producto de una reprochable instrucción y labor acusatoria, y que se encuentra a revisión dentro de los remedios procesales ortodoxos. Una señora que pide venganza –lo que se explica pero no se justifica- y solicita a viva voz la destitución de los jueces. Un gobernador que en vez de luchar por el imperio de la ley y la búsqueda de la concordia y la paz social, sale presuroso a manifestar que “hará todo lo que la señora le pida”. Casi todo un gobierno que se pone rápidamente el servicio de la ejecución de la venganza y desprolijamente instaura procesos de fusilamiento público, sin escuchar razones ni dar oportunidad alguna de explicación. Una comitiva de obedientes que presurosos levantan la carpa de circo para ejecutar el ajusticiamiento popular.  La persona humana, en su eminente dignidad y proyección, no existe en esta instancia, porque tres jueces son degradados a nivel de objetos de cambio.   Desde el inicio, fue absolutamente claro y preanunciado que la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura iba a formular acusación en contra de los tres jueces, a todo trance y sin importarle la ausencia absoluta de pruebas ni las razones.  Recordamos que lo que se está investigando no es el resultado ni la dirección del fallo, sino el presunto “mal trato” dado por el Tribunal a determinados testigos.  Lo más grave sin duda es que ninguno de los miembros de la Comisión de Juicio Político se encontró dispuesto a llevar a cabo un examen consciente y responsable de la imputación que pesa sobre los jueces. De otra forma se hubiera rechazado inmediatamente la acusación. Por el contrario, los miembros del órgano mencionado cumplen instrucciones que se imponen desde la Casa de Gobierno, ellos fueron  meras marionetas irrelevantes en esta historia cumpliendo un papel patético en la vida institucional de los tucumanos. Este es el cuadro real y lamentable, más allá de que se lo vista de proceso de destitución constitucional. Es más, sabemos que algunos de sus miembros más representativos han expresado que la acusación no tiene sentido, pero patéticamente recuerdan que las órdenes vienen “desde arriba” y que no tienen  opciones. Adviértase que ante lo delicado del tema, la Comision de Juicio Politico, cuanto menos, debió solicitar los informes al Colegio de Abogados y la Excma. Corte de Tucuman respecto a la conducta del representante y de los demás integrantes del Tribunal, lo que resultaba obligatorio conocer y ponderar por aquello que nos enseñara el filosofo tucumano Cossio, de que la vida de una persona no es una fotografía sino una “totalidad sucesiva”; esto es, el conjunto que conforma la película de la vida. De ese modo, se habría inevitablemente considerado quienes somos los magistrados injustamente acusados y que significa treinta años de ejercicio de la magistratura en distintas funciones y grados en el fuero penal, y mas de veinte años en la Camara Penal, en juicios orales y públicos. Se habría conocido que tal ejercicio lo fue sin la minima mancha, sin denuncias en contra; sin decisiones controvertidas; y con la mas absoluta independencia en todo orden. ¿Es razonable sostener que de pronto nos volvimos ignorantes, actuando con impericia y con desprecio y falta de consideración hacia los testigos, haciendo gala de una arbitrariedad extrema? Un desatino. Otro elemento negativo de la Comisión de Juicio Político es que a pesar de que la acusación se encuentra dirigida a cuestionar la conducta de los jueces para con el trato de los testigos del juicio de “María de los Ángeles Verón”, ellos adolecen de cualquier conocimiento en torno a la temática del trato a los testigos, es evidente la absoluta ausencia de formación en derechos humanos y sus severas carencias en el orden jurídico Finalmente, la ausencia de seriedad en su tarea no cuenta con mecanismos que impidan su impunidad ante los daños que con seguridad seguirán generando, dado que a pesar de los publicitados errores cometidos con anterioridad en el desempeño de destitución de jueces -que costó muchísimo dinero de los tucumanos-, ellos no erogaron ni un centavo para reparar sus groseras falencias. En síntesis, nos enfrentamos a una parodia de procedimiento – que agrede e indigna – apenas traemos a colación los siguientes hechos: Ofrecimos 47 pruebas-. Todas DENEGADAS, salvo el testimonio compartido de la Dra. Lidia Inés Avellaneda. Solicitamos sesiones públicas. DENEGADA. Solicitamos televisación. DENEGADA. Solicitamos que la totalidad de las discusiones, reuniones, sesiones de trabajo y explicitación de argumentos y razonamiento que vayan mostrando la formación de los criterios y de la voluntad de acusar o archivar, sean públicas, con presencia de la defensa y de la prensa. DENEGADA. Nos opusimos a la absurda prueba testimonial epistolar de un “testigo” que nunca había asistido a una sola audiencia. DENEGADA.Interpusimos recurso de revocatoria contra resoluciones arbitrarias.DENEGADAS. Y, como estaba previsto, se produjo la acusación por parte de la Comisión de Juicio Político.  Una acusación arbitraria, forzada, sin ningún fundamento ni razón, propia de aquellos que detentan en forma obscena el poder y se sienten legitimados para actuar sin expresar razones, por “la razón de la sinrazón” o por el derecho a no tener razón, como decía Ortega y Gasset. Me referiré a la Acusación cumpliendo un imperativo de conciencia frente a mi familia, a los que me conocen y a los integrantes de la opinión pública que pudiera interesarles lo expresado. Que habiendo renunciado al cargo de Vocal de la Sala IIª de la Excelentísima Cámara Penal del Centro Judicial de ésta ciudad de San Miguel de Tucumán, circunstancia que le fuera comunicada al Sr. Gobernador de la Provincia y al Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el día de la fecha, me dirijo a ese Jurado de Enjuiciamiento a los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 15 de la ley 8.199, solicitando formalmente y expresamente se proceda a clausurar las presentes actuaciones instruidas en mi contra. Que de todas maneras, en salvaguarda de mi buen nombre y honor, en especial consideración al juramento de cumplir la Constitución y las leyes asumido al tiempo de ser incorporado al poder judicial, y por el respeto que me merecen quienes lo integran en sus distintos estamentos, entiendo como un imperativo ético responder, en lo medular, la injusta, amañada y arbitraria acusación que formulara en mi contra la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán. Resulta evidente…,que el Tribunal no fue para nada funcional a la impunidad  ni en su actuación se pudiera indicar hecho reprochable alguno.    Actuamos conforme a derecho, a nuestros deberes y juramentos constitucionales y con la convicción del valor y la sapiencia. Pudimos habernos equivocado quizás en no dejarnos tentar por el facilismo de condenar a todo trance y apostar a nuestra tranquilidad subjetiva. Pero,   en nuestras convicciones, hubiéramos cometido un acto reñido con la dimensión ética del derecho que nos podría haber evitado todo éste penoso trance, pero que nos iba a acompañar hasta el final de nuestros días el reproche que tienen y sienten los que poseemos puntos de anclaje moral y distinguimos entre el bien y el mal.  Pensamos…., que no se puede condenar o absolver a un hombre porque convenga a los intereses o a la voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena a un inocente. Es que el estado de Derecho consiste en un conjunto de garantías que salvaguardan al individuo de las certezas morales en su contra y los estados subjetivos de opinión, y establece en la carga de la prueba el instrumento necesario para deducir su culpabilidad. Reflexionemos un instante: a cualquiera de nosotros se nos puede imputar con un simple anónimo; ¿Y si resultáramos condenados por la única razón que la sociedad pide nuestra cabeza?.  Por todo lo antes expuesto es que en decisión conjunta con mi familia y quienes me acompañaron en este trance, haya decidido presentar la renuncia a los fines previsionales, lo que he realizado en ejercicio de mi libertad y de los derechos a la jubilación ya adquiridos por el presentante en tanto y en cuanto ha satisfecho la totalidad de los extremos requeridos en la legislación previsional.  He sentido la impotencia  del ejercicio incontrolado y desmesurado de la mayoría del poder. He sido víctima de un impúdico y feroz ataque de sin razones y arbitrariedades. Todos mis planteos, defensas y peticiones no siquiera han sido considerados. Y, sospecho, que ni siquiera leídas. Si tamaña y brutal desconsideración se ha tenido con respecto a un juez intachable, me estremezco de solo pensar cómo se ha de arrasar con los derechos y garantías de los ciudadanos. Gracias a Dios, la propia República por medio de la independencia del Poder Judicial, supo poner oportuno freno a la arbitrariedad y a las violaciones constitucionales y legales realizadas sin ningún pudor. Más, está claro que no existen mínimas garantías de imparcialidad cuando el poder se encuentra en tal grado de concentración que uno manda y otros obedecen y no hay posibilidades de análisis, discusión ni consensos constructivos Yo lo he vivido. He sido una partícula arrasada por la obcecación y el frenesí deshumanizado de quienes ejercen la política sin considerar que la persona humana, en su eminente dignidad, debe ser el principio y el fin de la actividad.He sentido la impotencia  del ejercicio incontrolado y desmesurado de la mayoría del poder.  He decidido renunciar y así lo he expresado. Solicito que el tribunal, en el plazo perentorio de 48 horas proceda a cumplir puntillosamente con su obligación legal y disponga el inmediato archivo de las actuaciones”, indicó en sus argumentos Piedrabuena.

Prensa Tinta

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